domingo, 27 de junio de 2010

Los modus operandi y vivendi del CDH “Fray Bartolomé de Las Casas”

Operan igual: agreden y luego se hacen de las víctimas
Tienen una vida holgada con recursos internacionales
“No ser tontos útiles” a la delincuencia pide SEGOB a DH
Al “frayba” le vino la sotana con alzacuello que tiró FGM
Zapatistas matan porque les cortan servicios que no pagan
La Jornada publicó un manifiesto de fábula el 24 de junio
Aceptan zapatistas públicamente su culpa; Releva pruebas
Si no pagan servicios zapatistas que no los pague nadie.
Amenazan con movilizaciones para presionar a la PGJE
Juegan al Pastor Mentiroso; siempre acuden al papel de víctimas
El Gobierno da recursos a OCEZ post morten y ad perpetuan
El Gobierno no debe ceder a presiones de agitadores del campo.


Son totalmente predecibles. Sus modus operandi y vivendi se repiten una y otra vez: Eluden sus responsabilidades tributarias; atacan con violencia intensa; agreden con impunidad; emiten sus comunicados desde diferentes trincheras debidamente orquestadas y, como siempre, resultan siendo las eternas víctimas a pesar de que sus manos huelen a pólvora y sangre. No contentos hacen marchas, mítines, plantones, publicaciones en La Jornada, sacan a los delincuentes de la prisión y el “frayba” se para el alzacuello.

La famosa historia del Pastor Mentiroso les queda corta a los zapatistas y a sus defensores de oficio; a su brazo legaloide encabezado por Diego Cadena. Tal vez por eso tomaron su parte del reciente discurso pronunciado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, quien se refirió tajante, desde Lecumberri, a las organizaciones protectoras de los Derechos Humanos cuando les dijo, parejo, a todas, que dejen de ser “cómplices y encubridores” de los delincuentes; “ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de la autoridad”, tal y como lo hace reiteradamente el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (frayba).

Por eso fue que ese mensaje entró directo, “sin tocar baranda”, hasta la Calle Brasil, marcada con el número 14, Barrio Mexicanos, de San Cristóbal, lugar desde donde el joven de melena rizada, Gubidcha Matus Lerma, erigió de nueva cuenta su estrategia repetida, reiterada y gastada, el lunes 21 de junio, cuando indígenas de la comunidad El Pozo, del municipio de San Juan Cancuc, se enfrentaron a balazos con saldo de dos muerto y varios heridos.

A los zapatistas les molestó que les cortaran la luz y el agua porque no la pagan. Molestos por ese hecho y arrastrados por su soberbia, armas de fuego en mano, fueron a reclamar su “derecho a esos servicios” a quienes si cubren los importes. Entonces comenzó la trifulca.

De acuerdo a testimoniales judiciales fueron sindicados como los provocadores de la reyerta y como los responsables de los hechos sangrientos tres simpatizantes de la Otra Campaña; tres milicianos zapatistas cuyos nombres son: Juan Pérez Cruz, Miguel Hernández Pérez y Miguel Pérez Sántiz.

La Procuraduría General de Justicia de Chiapas -aunque esto lo redacto con un hado de incredulidad- actuó sin sus habituales titubeos y consignó a los tres implicados, a quienes imputó los cargos de: homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones dolosas, luego de que dieran positivo en la prueba rodizonato de sodio, y al aparecer como sindicados directos de una decena de testigos presenciales en el momento de los hechos.

El dictamen pericial y la actuación de la PGJE de Chiapas fue tan preciso que, los propios zapatistas lo reconocen cínicamente en público, dentro del desplegado publicado en las páginas de uno de sus eternos aliados (tengan la razón o no la tengan), el periódico La Jornada que, en la página 18 de su edición del jueves 24 de junio, pero fechada el 23 de junio de 2010, aparece un comunicado al que sólo le hace falta la firma del Papa Benedicto XVI, redactado por la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de Los Zapatistas Delante del Mundo, Zona Altos de Chiapas, México”, dirigido hasta a los jugadores del Mundial de Sudáfrica.

En una parte de esa extensa inserción, que debe de haber costado una millonada en la versión mexicana de The Journal, se establece luego de precisar lugar y fecha de los hechos de comisaría, textualmente lo que sigue:

“El agente rural y los priistas y perredistas obligan a nuestros compañeros bases de apoyo a pagar el servicio de luz eléctrica, sabiendo que están en resistencia y están luchando por una causa justa y por construir sus autonomías, pero nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo siempre han sido amenazados por los priistas y perredistas de ser cortados sus servicios de agua y de energía eléctrica. Esta amenaza y provocación contra nuestros compañeros empezó a complicar desde la semana pasada”.

De ésta detallada sinopsis redactada por los zapatistas se puede rescatar que:

1.- La aceptación tácita a su negativa para pagar los servicios de luz y agua, fue el hecho que generó la inconformidad en la comunidad Los Pozos, actitud con la que admiten tener la culpa de lo que generó el conflicto. Por ello los abogados del “frayba” sabrán que esa aceptación, releva las pruebas. Si pasaron por alguna escuela de leyes tendrán que manifestar estar de acuerdo con esa premisa, de lo contrario, la sociedad civil podrá entender que sus razonamientos los arman desde el campo de las abstracciones y los métodos sin sustento.

2.- Los zapatistas de pura cepa que iniciaron en 1994 el movimiento saben que no se puede cimentar una sociedad justa creando zonas de excepción. Como mexicanos todos somos co-responsables de lo bueno y malo que sucede. Nadie en sus cabales puede aceptar que los señores zapatistas no paguen un servicio como la energía eléctrica, bajo el razonamiento de que se encuentran en pie de lucha para “construir su autonomía” ¿Dónde es que aplica entonces aquello que reza: “todos somos iguales ante la Ley” abogados del “frayba”? ¿De qué tipo de rasero estamos hablando? Porque mas bien parece peine.

3.- Y no hay párrafo sin que, ellos, quienes en el 94 estaban armados con rifles de palo y ahora tienen armas de fuego, no le jueguen a las víctimas. Esa es parte de su gastada y eterna historieta; su modus operandi; su modus vivendi.

Otro párrafo que no tiene desperdicio de lo publicado en La Jornada es éste: “Muchas ocasiones. Aunque en esta agresión hubo un muerto de los agresores por lo que fue el que encabezaba la agresión. Nuestros bases de apoyo tuvieron que defenderse.

Cómo es posible que el mal gobierno actúe de esta manera, deteniendo a nuestros compañeros y están en calidad de presentados, mientras nuestras bases de apoyo fueron agredidos, golpeados y varios se encuentran gravemente heridos y otros lesionados, mientras los agresores están libremente de hacer lo que quieran, porque cuentan con el apoyo y el respaldo de los tres niveles de gobierno, pero cuando nuestros compañeros y compañeras se defienden de la agresión los acusan de provocadores y agresores, esto quiere decir que los zapatistas no tienen derecho defender sus vidas.


De lo anterior se desprende, por decir poco, lo siguiente:

1.- Aceptan que hubo al menos un muerto y que fueron los zapatistas; “Nuestras bases de apoyo”, establecen, los que lo mataron, alegando una supuesta defensa ¿Cómo? Si ellos eran los inconformes por el corte de la energía eléctrica y el agua.

2.- Manifiestan su malestar porque la PGJE de Chiapas detuvo a sus compañeros (¿?). A los asesinos!!! ¿Les encabrona que se haga justicia?

3.- Reconocen que siempre que hay una gresca en la zona zapatista a ellos se les sindica de agresores. “Haz fama y échate a dormir”, los acusa y delata otro refrán.

Lo que viene ahora es la movilización hasta que logren chantajear a los gobiernos Federal y del Estado exigiendo la liberación de sus compañeros “que fueron privados de su libertad injustamente”, dice su comunicado. Ojala en Chiapas la historia fuera distinta y se aplicara en serio la ley y los organismos defensores de los derechos humanos hagan caso a lo dicho por Gómez Mont.

¿De qué sirvieron entonces las periciales de la PGJE de Chiapas, si a los culpables de que haya familias en la orfandad, tras la pelea del 21 de junio, no se les va a mantener a buen recaudo?

El Gobierno de Chiapas debe demostrar firmeza en esta ocasión o perderá el respeto de otros grupos que comenzarán a generar conflicto, al encontrar que, las rejas de los penales, tienen como rendijas las movilizaciones o las gacetillas en diarios nacionales.

Para muestra basta señalar el absurdo sucedido en el Congreso del Estado de Chiapas la semana anterior, cuando los diputados autorizaron al Poder Ejecutivo otorgar pensiones a consortes de un grupo de militantes de la OCEZ-Carranza que perecieron en un “percance automovilístico” en septiembre de 2009.

Este hecho insólito e inaceptable por ocupar recursos públicos, producto de los impuestos debe de ser investigado porque no se le encuentra la razón o la cuadratura al círculo de esa decisión gubernamental.

¿Será que a partir de ahora a los deudos de todo accidentado en Chiapas se les dará un recurso similar?

¿De qué privilegios gozan esos agitadores sociales que aún muertos siguen cobrando en el Gobierno?

¿Ya entendió el lector el porqué éste artículo alude a los modus vivendi y operandi de los zapatistas y otros grupos sociales de agitación en el campo chiapaneco?

Este fue otro capítulo de nuestro triste Chiapas Real.

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